Diana Vargas, abogada y socióloga especialista en Derechos Humanos, expresó su preocupación ante el anuncio de ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en la región Oriental donde se considere que existe una amenaza, dejando de limitarse a los departamentos del norte como San Pedro, Concepción y Canindeyú. Entrevista realizada en el programa Proyecto País conducido por Javier Silguero.
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Militarización vs Seguridad
La especialista cuestionó que, pese a los millonarios recursos destinados a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y operativos militares en el norte del país, los resultados no reflejan mejoras sustanciales en la seguridad.
“Tenemos la militarización de varias zonas del país con alta inversión en recursos, mucho más que para las comisarías o la seguridad en los barrios, y sin resultados visibles”, sostuvo.
Según explicó, mientras se destinan importantes fondos a operativos militares bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo o el combate al EPP, los delitos más denunciados en Paraguay siguen siendo la violencia familiar, el hurto y el robo domiciliario.
“No vemos una estrategia diferenciada basada en evidencia. Los datos del Ministerio Público muestran cuáles son los hechos punibles más frecuentes, pero no se asignan recursos en función de esa realidad”, afirmó.
Control constitucional y estado de excepción permanente
Desde el punto de vista jurídico, Vargas señaló que cualquier decisión de militarizar zonas del país debe estar debidamente fundada, tener un plazo determinado y respetar los mecanismos constitucionales vigentes.
Recordó que la modificación de la ley de seguridad interna en el año 2013 ya generó cuestionamientos, pero que la Corte Suprema no asumió una postura firme en materia de control de constitucionalidad.
“Es como un estado de sitio hecho en plena democracia, sin los límites temporales y las razones fundadas que exige la Constitución”, advirtió.
Para la abogada, este tipo de decisiones no son un detalle menor en un Estado de Derecho, ya que las reglas deben aplicarse tanto a la ciudadanía como a quienes ejercen el poder.
Gastos reservados y cooperación internacional
Otro punto preocupante, según Vargas, es la utilización de gastos reservados destinados a la lucha contra el terrorismo, recursos que no requieren rendición pública detallada.
“Cada año se ejecutan gastos reservados destinados a las fuerzas armadas en esta lucha que han decidido llamar contra el terrorismo. Eso es grave porque no hay suficiente control ciudadano”, señaló.
Además, mencionó que la cooperación militar con Estados Unidos forma parte de este esquema de fortalecimiento de la estrategia de seguridad con enfoque militar, mientras la Policía Nacional —responsable constitucional de la seguridad interna— no recibe el mismo nivel de fortalecimiento.
Persecución a líderes sociales y criminalización
La abogada también vinculó la militarización con un contexto más amplio de persecución a líderes indígenas, campesinos y organizaciones sociales.
“Cuando se dan escenarios de deriva autoritaria, se toman medidas que buscan debilitar a las organizaciones de la sociedad civil”, explicó.
Recordó que en los últimos tiempos se promovieron iniciativas legales que incrementan las exigencias burocráticas para las organizaciones, lo que, a su criterio, busca limitar su capacidad de incidencia.
“El Estado pretende no tener una contraparte, tener la cancha libre para continuar con estas medidas sin que nadie esté allí para acompañar a las poblaciones vulnerables”, afirmó.
Participación ciudadana como herramienta democrática
Finalmente, Vargas llamó a la ciudadanía a no permanecer indiferente ante estas decisiones y a ejercer el derecho a la organización y la participación.
“Organizarse y participar es una forma legítima de estar alerta ante aquello que nos puede pasar a nosotros o a nuestros hijos”, expresó.
Y concluyó:
“En democracia todos tenemos que participar. Cuando no quieren escuchar las voces, la organización ciudadana es una herramienta fundamental para generar cambios”.
La ampliación del área de influencia de la FTC y la intervención militar en nuevas zonas del país abre un debate profundo sobre seguridad, legalidad y democracia en Paraguay, un tema que seguirá generando análisis y discusión en el ámbito político y social.
