El martes 02 de julio 2025 se abordó la crítica situación que atraviesan los jubilados y pensionados municipales de Asunción, un tema de urgente relevancia debido a los cuatro meses de atraso en el pago de haberes. Entrevista a Floria Galeano, representante de los afectados, y el Abogado Pedro Benítez, quien lleva adelante las acciones judiciales. Una problemática que está afectando directamente la calidad de vida de 1.630 familias.
En el programa “Proyecto País” con la conducción de Galo Reinaldo Bogarín.
La desilusión de un mensaje presidencial y la cruda realidad
Floria Galeano expresó su profunda desilusión ante el mensaje presidencial, afirmando: “para escuchar mentiras ya bastante tuvimos en todo ese periodo de lucha de los jubilados, así es que no, y sinceramente creo que a nadie le agradó, a todo lo que le pregunto está muy fuera de la realidad el informe que dio con respecto a lo que vemos cotidianamente en la calle”. Remarcó que, a pesar de las alabanzas del presidente hacia las personas de la tercera edad, son ellos los menos protegidos, sufriendo un año y medio de pedidos de intervención de su caja sin respuesta. La realidad de los jubilados dista mucho de la “maravillosa” imagen pintada, enfrentando una situación inhumana donde, a diferencia de otros países, los gastos no se reducen y la vida sin trabajo no exime de las obligaciones económicas.
La farsa de la superintendencia y la desidia generalizada
La creación de la superintendencia de jubilaciones y pensiones, si bien generó expectativas para intervenir cajas fiscales con problemas, se ha convertido en una “gran farsa”. Floria Galeano sostiene que fue creada con fines de apoyo económico internacional e intento de injerencia en el IPS, pero sin una verdadera capacidad de acción para la caja de jubilados municipales. La lentitud en su implementación, que podría tomar hasta dos años, es inaceptable para un colectivo que no puede resistir tanto tiempo sin cobrar. Además, denunció la desidia entre los propios jubilados y, en especial, la falta de unión de los activos que, con 7.000 aportantes, podrían haber acelerado una solución si se hubieran movilizado masivamente desde el inicio del problema.
Entramados judiciales y la usurpación de cargos
El Abogado Pedro Benítez detalló las múltiples acciones judiciales y denuncias fiscales en curso contra quienes han llevado a la quiebra la caja. Mencionó el caso del incendio de documentos, donde se descubrió una manipulación fraudulenta en la devolución de aportes, con un desfalco de más de 24 mil millones de guaraníes. Además, denunció el cobro indebido de honorarios multimillonarios por parte de los directivos, que asciende a casi 5 mil millones de guaraníes, y la usurpación de cargos, ya que los miembros del consejo fueron declarados inhábiles en 2023. La situación se agrava al descubrir que cinco de los seis miembros del consejo están percibiendo su jubilación y su remuneración de forma ilegal, manejando la caja sin ser afiliados.
La lucha por la intervención y la resistencia colectiva
El abogado Benítez enfatizó la ilegalidad de la situación, ya que los actuales directivos están en el cargo de forma irregular y con apoyo político que impide las elecciones. La intervención, según Floria, es la única salida visible para sanear la caja y conocer su estado real: “Para mí lo único es la intervención. Se tiene que intervenir porque tenemos que saber dónde vamos a entrar, qué de qué contamos”. La falta de recursos económicos ha sumido a muchos jubilados en la desesperación, necesitando ayuda para alimentos, medicamentos e incluso para cubrir servicios básicos. Pese a las dificultades, la difusión de su problemática a través de los medios y las redes sociales busca generar presión social y tocar “alguna puerta sensible” en el gobierno.
