El 3 de junio de 2025, el desalojo violento del asentamiento San Miguel en Canindeyú dejó a 284 familias en la intemperie. Mientras buscaban refugio, Armin Ramírez Britos fue criminalizado por ayudarlos, revelando una grave crisis de derechos humanos y justicia en Paraguay.
Un desalojo brutal en asentamiento San Miguel: 284 familias en la intemperie y la destrucción de un sueño
En un hecho que ha sacudido la conciencia nacional, el pasado 3 de junio de 2025, el asentamiento San Miguel, ubicado en el distrito de Maracaná, departamento de Canindeyú, fue escenario de un desalojo violento y devastador. Familias enteras, con casi una década de ocupación y trámites en el INDERT, vieron cómo sus hogares, sus cultivos y sus ganados eran arrasados por las fuerzas policiales. “Llegaron las fuerzas policiales a desalojar a este asentamiento, se llama San Miguel y está en el departamento de Canindeyú, distrito de Maracaná”, relató Nilda Sosa, activista social y voz incansable en la defensa de los derechos humanos, en una entrevista con Luis Fernando Ibáñez en el programa “La tarde contigo” de Radio Fe y Alegría.
El saldo de esta acción es desolador: 284 familias, incluyendo niños y ancianos, se encuentran hoy sin techo, expuestas a la intemperie y al frío. “Sus casas fueron quemadas, sus cultivos destruidos, toda una destrucción que normalmente se hace hoy en día en los desalojos y la gente, todas esas familias desamparadas”, lamentó Sosa, describiendo la cruda realidad de estos compatriotas. La tragedia se agrava al considerar que estos asentamientos, a pesar de sus años de existencia y sus esfuerzos por la legalización, rara vez encuentran una respuesta favorable por parte de las instituciones. “En Paraguay tenemos solamente legalizado 5% de todas las tierras que se solicitan para que sean legalizadas, eso no lo digo yo, lo dijo el presidente del INDERT actual”, subrayó Nilda Sosa, evidenciando la precaria situación legal en la que viven miles de familias paraguayas.
Armin Ramírez Britos: Un buen Samaritano perseguido por la justicia
En medio de la desesperación, la figura de Armin Ramírez Britos emerge como un “buen samaritano”. Este hombre, al ver la vulnerabilidad de los desalojados, les ofreció refugio en su granja, ubicada en el límite entre Maracaná y San Pedro. “Un señor, un buen samaritano, con toda su familia, acogió a los desalojados”, explicó Sosa. Sin embargo, este gesto de humanidad no ha pasado desapercibido para las autoridades, y Armin Ramírez Britos se encuentra ahora enfrentando las consecuencias de su solidaridad.
El 27 de junio, se emitió una orden de prisión preventiva contra Ramírez Britos y varios miembros de su familia. “Toda la familia está imputada, creo que son dos los que no fueron imputados, probablemente por no haber sido identificados”, detalló Nilda Sosa. Los delitos imputados incluyen coacción, violencia intrafamiliar y otros, a pesar de que su única “culpa” fue brindar un espacio para que estas familias pudieran levantar sus carpas y buscar una solución. La ironía de la situación es palpable: mientras los derechos constitucionales de los desalojados son flagrantemente violados, aquellos que les extienden una mano son criminalizados. “En este caso están persiguiendo a toda una familia por dar resguardo a los pobladores para levantar sus carpas, mientras buscan una solución a sus problemas”, enfatizó la activista.
Violación de derechos y oscuros intereses: La deforestación masiva tras el desalojo
La entrevista también sacó a la luz una serie de irregularidades y posibles intereses detrás del desalojo. Nilda Sosa mencionó que el expediente del caso data de 2019, lo que sugiere una posible irregularidad en la prescripción. Además, una denuncia presentada ante el MADES (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible) revela una alarmante deforestación masiva en la zona del asentamiento San Miguel, inmediatamente después del desalojo. “Hay una deforestación a toda bala ahí, se le desalojó a la gente y empezaron a desforestar”, afirmó Sosa, planteando la pregunta de qué intereses se esconden detrás de esta vorágine de destrucción ambiental.
La preocupación de la activista es evidente: “Ahora, ¿para qué? No sabemos, si es para plantar soja o si es para plantar los segundos, porque ahí ya se saben las cosas como son”. La deforestación no solo es un delito ambiental grave, sino que también sugiere la existencia de poderosos actores que buscan apropiarse de estas tierras, sin importar las vidas que destrozan en el proceso. La impunidad con la que actúan estas fuerzas es un reflejo de un sistema judicial que, según Nilda Sosa, parece estar al servicio de unos pocos. “Así funciona la justicia en Paraguay. Sí, hay uno que dice quién es el que manda realmente y qué es la justicia en este país”, sentenció.
Un llamado a la solidaridad: La lucha por un Paraguay justo
La situación de las familias desalojadas es crítica. Viven en carpas improvisadas, enfrentando el frío y la falta de recursos básicos. “No me imagino lo que es dormir o estar debajo de una carpa improvisada, una carpa comunitaria más de 200 familias, miembros de familia con niños, con personas de tercera edad y con este frío cerca de un río”, expresó Nilda Sosa. Ante esta realidad, la activista hizo un llamado urgente a la solidaridad: “Hago un llamado a la solidaridad para estas personas que necesitan frazadas, necesitan colchones, necesitan alimentos, necesitan de todo”.
La historia del asentamiento San Miguel es un claro ejemplo de las profundas desigualdades y la fragilidad del estado de derecho en Paraguay. La persecución de Armin Ramírez Britos por su acto de humanidad es un recordatorio sombrío de que, en este país, la solidaridad puede tener un precio muy alto. Sin embargo, Nilda Sosa y otros activistas continúan luchando, negándose a la indiferencia. “No nos resistimos a creer que en Paraguay tenemos que vivir así, que las familias paraguayas, que los niños paraguayos tengan que pasar, por ejemplo, un desalojo de esas índoles”, manifestó Sosa. La esperanza reside en la capacidad de la sociedad para unirse y exigir justicia, para que el “Paraguay de los perseguidos” no siga siendo la mayoría y para que actos de humanidad como el de Armin Ramírez Britos sean celebrados y no criminalizados.
