Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-Auténtica), junto con la Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, impulsan una acción de inconstitucionalidad contra la reciente reforma de la Caja Fiscal. Entrevista realizada en el programa La tarde contigo conducido por Galo Bogarin.
Escuchar la entrevista
Gabriel Espínola advierte que la Ley 7633 vulnera derechos adquiridos y podría derivar en sanciones internacionales para Paraguay
La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-Auténtica), junto con la Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, impulsan una acción de inconstitucionalidad contra la reciente reforma de la Caja Fiscal. Según explicó Gabriel Espínola, secretario general de la organización, la Ley Nº 7633 vulnera derechos constitucionales, afecta económicamente a los trabajadores del sector público y contradice compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo.
Durante una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría, Espínola señaló que la normativa, promulgada en marzo de este año, representa una medida «ilegal, ilegítima, perjudicial y confiscatoria» para los docentes y otros funcionarios públicos.
Denuncian violación del Convenio 102 de la OIT
Espínola recordó que desde la presentación del proyecto de ley ya habían advertido sobre una posible violación del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Paraguay en 2021.
“Nosotros denunciamos en su oportunidad la violación del Convenio 102, que fue ratificado por Paraguay y forma parte de la estructura legal del país. La ley aprobada es regresiva, lesiona derechos fundamentales y produce confiscación inclusive”, afirmó.
El dirigente sindical explicó que uno de los puntos cuestionados es el incremento de los aportes de los trabajadores estatales sin que exista una contribución proporcional por parte del Estado empleador.
Según indicó, el artículo 71 del Convenio 102 establece que el aporte de los trabajadores no debe superar el 50% de lo aportado por el Estado como empleador.
“La ley establece que los trabajadores aportemos el 10% y que la patronal aporte también el 10%. Eso contradice claramente lo que establece el convenio internacional”, sostuvo.
Acción de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo
Tras consultas con especialistas en derecho constitucional, los gremios docentes decidieron impulsar la demanda a través de la Defensoría del Pueblo para que cualquier eventual fallo favorable beneficie a todos los trabajadores afectados y no únicamente a los afiliados sindicales.
La acción fue presentada el pasado 26 de mayo ante la Corte Suprema de Justicia.
“Esperamos primero la admisión de la demanda y, como medida cautelar, la suspensión de los efectos de esta ley mientras se analiza el fondo de la cuestión”, explicó Espínola.
El dirigente aclaró que la presentación judicial representa apenas el inicio del proceso y que los gremios permanecerán atentos a la decisión de la Corte.
Cuestionan artículos que afectan aportes jubilatorios
Otro de los aspectos más controvertidos, según la OTEP-Auténtica, es la imposibilidad de que determinados trabajadores retiren sus aportes jubilatorios en caso de abandonar el sistema antes de acceder a la jubilación.
Espínola calificó esta disposición como una forma de confiscación.
“Los docentes que pertenecemos a cuentas deficitarias no podemos retirar nuestros aportes. Esto constituye una confiscación y la Constitución Nacional no habilita al Estado a apropiarse de bienes que pertenecen a los ciudadanos”, argumentó.
Asimismo, criticó la eliminación de los recursos provenientes de cargos vacantes como fuente de financiamiento de la Caja Fiscal.
Según explicó, este mecanismo existía desde la creación del sistema y contribuía a fortalecer los fondos previsionales.
Temor a una futura privatización del sistema
Desde el sector educativo consideran que algunos cambios introducidos en la legislación podrían abrir el camino hacia una eventual privatización del sistema previsional.
“Creemos que existe una intención de debilitar progresivamente la Caja Fiscal para justificar en el futuro un esquema de administradoras de fondos de pensiones basado en la capitalización individual”, señaló.
El dirigente sostuvo que esta situación genera preocupación porque podría trasladar el riesgo financiero directamente a los trabajadores.
Posibles consecuencias internacionales para Paraguay
Paralelamente al proceso judicial interno, las organizaciones sindicales presentaron una denuncia ante organismos internacionales vinculados a la OIT.
Espínola advirtió que una eventual sanción internacional podría afectar la imagen del país y su capacidad de acceder a determinados programas de financiamiento.
“Puede llegar a ser muy grave para Paraguay que organismos internacionales determinen que existe incumplimiento de convenios que el propio Estado ratificó”, afirmó.
Añadió que una condena internacional podría impactar negativamente en la calificación del país para inversiones y en el acceso a fondos de cooperación internacional.
Anuncian nuevas movilizaciones y reclamos presupuestarios
Además del seguimiento al proceso judicial, los gremios docentes preparan nuevas acciones relacionadas con el presupuesto educativo.
Espínola cuestionó que varias partidas aprobadas para el sector durante el presente ejercicio fiscal aún no hayan sido ejecutadas.
Entre ellas mencionó recursos destinados a psicólogos escolares, educación inclusiva, educación indígena y programas de primera infancia.
“Estamos ingresando a una etapa clave de discusión presupuestaria y creemos que será necesario impulsar reclamos de carácter masivo para garantizar que los recursos aprobados lleguen efectivamente a las instituciones educativas”, indicó.
La disputa continuará en instancias nacionales e internacionales
La OTEP-Auténtica adelantó que, en caso de que la Corte Suprema rechace la acción de inconstitucionalidad, recurrirá a instancias internacionales de protección de derechos humanos.
“Si se produjera un rechazo, estamos habilitados para iniciar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la jubilación es un derecho humano”, concluyó Espínola.
