El ingeniero y exparlamentario Ricardo Canese presentó una ampliación de denuncia penal contra la Alianza Público-Privada (APP) de la Ruta 2, proyecto que, según denuncias, habría sido adjudicado de manera irregular y con un sobrecosto multimillonario que compromete las finanzas del Estado paraguayo. Entrevista realizada por Luis Fernando Ibañez en el programa «Estación Sur».
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Una denuncia por presuntas violaciones constitucionales
Ricardo Canese
Ricardo Canese, acompañado por representantes de la Ciudadanía Autoconvocada, explicó que la acción judicial fue presentada ante la Fiscalía General del Estado. La denuncia sostiene que el contrato de la APP para la Ruta 2 y su posterior ampliación violan diversos artículos de la Constitución Nacional, al haber sido otorgados sin aprobación del Congreso y con condiciones que “endeudan al país de forma injustificada”.
Según el ingeniero, el proyecto original tenía un costo estimado de 700 millones de dólares, pero actualmente asciende a 1.700 millones, triplicando el valor inicial. “El ciudadano paraguayo terminará pagando más del triple por una obra que podría haberse realizado desde el Estado por menos de 500 millones”, afirmó.
Irregularidades en la adjudicación
La denuncia apunta al Consorcio Rutas del Este, integrado por la empresa española Sacyr y la firma Ocho A S.A, vinculada al senador Luis Pettengill. Canese calificó la adjudicación como “monopólica y sin competencia”, en violación del artículo 107 de la Constitución, al haberse otorgado el contrato a una sola empresa pese a que había 11 precalificadas inicialmente.
Además, denunció que la ampliación del contrato abarca tramos que no forman parte de la Ruta 2, como las rutas Luque–San Bernardino y Areguá–Luque, los cuales, según la Constitución, sólo podrían ser concesionados mediante una ley del Congreso.
Impacto ambiental y patrimonial
El ingeniero también advirtió sobre los riesgos ecológicos de la expansión del proyecto en la zona del Lago Ypacaraí, un ecosistema frágil que podría verse gravemente afectado por las nuevas obras viales. “La ampliación impactará en la producción local, como la frutilla de Areguá, y dañará áreas de valor histórico y arquitectónico”, sostuvo.
Asimismo, criticó la falta de cumplimiento de la Ley de Transporte Eléctrico de 2022, que obliga al Gobierno a comparar los proyectos viales con alternativas de transporte sostenible, como el tren de cercanías, que según Canese sería una solución más eficiente y ecológica para el congestionamiento del área metropolitana.
Acusaciones de complicidad institucional
Canese cuestionó duramente la falta de acción del Ministerio Público, asegurando que la Fiscalía “es cómplice por omisión”. Recordó que la denuncia original fue presentada en agosto de 2023 sin que hasta el momento se haya abierto una investigación formal. “Estamos ante una Fiscalía que forma parte del crimen organizado. No investiga los grandes casos de corrupción, sólo los que afectan al poder”, denunció.
Responsabilidades políticas
El exparlamentario también señaló como responsables al presidente Santiago Peña y a la ministra de Obras Públicas, argumentando que ambos habrían participado en el comité de adjudicación cuando se aprobó el contrato original durante el gobierno anterior. “Este caso nació en la administración de Horacio Cartes y continúa bajo Peña. Es una cadena de complicidades políticas y empresariales que perjudica al pueblo paraguayo”, subrayó.
Llamado ciudadano y acciones futuras
Canese adelantó que, de no obtener respuesta del Ministerio Público, recurrirán a instancias internacionales en busca de justicia.
“Si en Paraguay no hay justicia, acudiremos a organismos internacionales. El pueblo no puede seguir pagando los costos de la corrupción y la impunidad”, concluyó.
